Hacia una ley de consumo sostenible
Rafael García Martín, Presidente y Decano de CMI Business School
Madrid (viernes 22 de marzo) – El 15 de marzo de 2024, con motivo de la celebración del día de las personas consumidoras, los directores de CMI, Nilsa Mármol y Rafael García asistieron a la presentación en Madrid por parte de Dña. Bibiana Medialdea, Secretaria General de Consumo y Juego, y un panel de expertos, del proyecto de ley de Consumo Sostenible.
Según explicó la Sra. Medialdea, en su intervención las políticas públicas deben servir para que se puedan tomar las mejores decisiones individuales; la gravedad de la crisis eco-social es entendida, 9/10 europeos consideran el cambio climático un problema grave, y 2/3 piensan que los gobiernos no hacen lo suficiente para resolverlo. Por tanto las empresas deben cambiar sus estrategias y comunicación al respecto.
A partir del 15 de marzo de 2024 se abre una consulta pública para la nueva ley de consumo sostenible, para recoger detalles y aportaciones nuevas. La ley tendrá avances sustanciales en reparabilidad: siempre que sea posible propiciar la reparación, para que sea preferida frente a la sustitución. Se propone un índice de reparabilidad, que aglutina indicadores para reparar un producto (facilidad de conseguir piezas, facilidad de montaje y desmontaje, etc.).
Un 85% de europeos quisieran más información de durabilidad, lo que puede implicar multiplicar por 3 la venta de productos durables. Otro aspecto que se incorpora es el proceso de ecodiseño y producción: mejorar los requisitos a las empresas para que sean más duraderos y reparables los productos. Además se luchará contra el eco-postureo (green washing).
Se está difundiendo para tal fin una guía de comunicación sostenible para evitar este grave problema. Existe desinformación intencionada por parte de empresas para canalizar la sensibilización medioambiental, lo cual genera perjuicios por que la personas son engañadas y toman decisiones con información falseada, con ello se genera una competencia desleal frente a las empresas que sí invierten en sostenibilidad y además se genera un efecto negativo en la sociedad y el planeta, pues genera desprestigio de soluciones sostenibles y desaliento a los esfuerzos que son necesarios en términos de sostenibilidad.
Para el 56% consumidores de la UE en 2023, el impacto medioambiental impacta en la decisión de compra. El 80% de productos en la UE contienen alegaciones medioambientales, pero la mayoría son engañosas, solo el 35% son explícitas en el logo o etiquetado y son contrastables. La nueva ley exigirá un fundamento suficiente de las alegaciones, sino será sancionable este tipo de prácticas.
La Dirección General de Consumo ha elaborado la Guía de Comunicación Sostenible, por la gravedad y urgencia del problema del green-washing, y porque las empresas son clave para resolver el problema.
En la Mesa redonda la Dra. Dña. Alba Nogueira, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, destacó que esta ley es fundamental para tener un marco normativo que haga un balance que pueda incentivar a las empresas y a la vez proteger a los consumidores mediante acciones sancionables.
La Dra. Nogueira apuntó que un consumidor está en desigualdad frente a las grandes corporaciones, por lo que es importante que la Administración tenga los medios para dar respaldo a los consumidores y evitar que las malas prácticas no se produzcan. El marketing verde es producido por la demanda de sentido común de los consumidores que consideran importante este aspecto en el proceso de compra.
El derecho del consumo ha evolucionado desde la libertad de oferta, y elección de mejor precio, a considerar la crisis climática que debe tenerse en cuenta en la regulación, y plasmar explícitamente los criterios de prácticas prohibidas y nuevos factores como la reparabilidad, evitar la obsolescencia programada, etc.
D. Aurelio del Pino, miembro de la Comisión de la Competitividad, Comercio y Consumo de la CEOE, con respecto al sector empresarial español, resaltó que en un entorno competitivo el consumidor tiene un gran poder, por lo que las empresas muestran sus mejores atributos para conseguir ventas; en particular destacó que el compromiso con la sostenibilidad es muy antiguo en España, yendo las empresas muy por delante de la legislación, incluso hace 20 años, según los informes publicados de RSC.
Según del Pino, el elemento medioambiental es fundamental, pues el consumidor decide según esos criterios, por lo cual es básico que haya competencia leal al respecto. Hace falta seguridad jurídica, legislación simple, mínima y fácilmente aplicable, y armonizada en Europa, considerando el factor de la autorregulación de las empresas, que consiste en tener la flexibilidad de incorporar más elementos en el desarrollo sostenible.
Dña. Paz Serra Portilla, responsable de proyectos y campañas de la federación española de consumidores y usuarios CECU, indicó que la crisis climática es una enorme preocupación por los datos que siguen generándose al respecto, por ejemplo este invierno ha sido el más cálido desde que hay registros. CECU considera que no se debe cargar al consumidor con el trabajo de verificar la información y reclamos de los productos.
En su informe de lavado verde en supermercados, CECU ha constatado tanto la falta de transparencia como la existencia de reclamos de sostenibilidad de bajo impacto, es decir, por ejemplo, hablar solo del último eslabón de la cadena de suministro, por lo que reivindican más transparencia y tener en cuenta el impacto medioambiental completo de los productos que se venden, tomando el liderazgo en el asunto a nivel internacional independientemente del estado de la legislación europea.
El marco regulatorio debe implementarse lo antes posible para proteger los derechos de los consumidores. Entre las prioridades se encuentra el pasar de la neutralidad a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y para ello tomar las medidas necesarias como ampliar la reparabilidad de los productos en el plazo de garantía y ampliarlo a sectores como el textil.
D. Daniel Arribas González, director general de Consumo, señaló los retos a los que nos enfrentamos: tener garantías en el consumo y su efectivo cumplimiento. Ya hoy en día el blanqueamiento ecológico está prohibido, el problema reside en la capacidad de actuar por parte de las administraciones por falta de un marco claro de actuación frente la ambigüedad de las alegaciones.
Es necesario incentivar a las empresas para querer actuar de manera correcta. La ley de consumo sostenible pretende incluir de manera armonizada distintas legislaciones aprobadas y en marcha en la Unión Europea como la directiva de empoderamiento de consumidores, y otras directivas de mejoras en la durabilidad, reparabilidad, huella ecológica, green claims, ecodiseño, envases, etc. La normativa actual incluye multas de 100.000 euros y ente 4-6 veces el beneficio obtenido para los infractores.
El mismo día 15 de marzo se abrió la fase de participación para la elaboración del nuevo proyecto de ley, esperamos que este proceso y los subsiguientes sean exitosos para que esta norma contribuya a legislar aspectos fundamentales y necesarios para facilitar con trasparencia el consumo sostenible en la sociedad española de nuestro tiempo.
